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Aprobación del procedimiento extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo

El trámite es gratuito para el consumidor y las entidades tendrán tres meses para resolver las reclamaciones                                                             Viernes ,20 de enero de 2017

Según informa el Ministerio de Economía, se aprobó un Real Decreto Ley (RDL) de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas por el Consejo de Ministros. 

Conforme el Real Decreto Ley, se estableció que para resolver de forma sencilla, rápida y gratuita las reclamaciones de los consumidores derivadas de las últimas Sentencias Judiciales se irá por un cauce extrajudicial. Una vez solicitado por el cliente, el procedimiento será obligatorio para la entidad financiera y esta tendrá un plazo de tres meses en llegar a un acuerdo y resolver las reclamaciones.

La restitución de cláusulas suelo abusivas debe producirse desde la fecha de la firma del contrato de hipoteca, tal como sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 21 de diciembre. En tomar esta decisión, el Tribunal de la UE aclaró que en relación con la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013 sobre los efectos económicos del mismo asunto, esta no se limita a la última fecha, sino a toda la vida de la hipoteca. La intención del Gobierno fue establecer un procedimiento extrajudicial para facilitar la tramitación de las reclamaciones que pudieran derivarse de la Sentencia del TJUE y garantizar la adecuada protección al consumidor.

Para el consumidor afectado por clausulas suelo, en consecuencia, del Real Decreto Ley aprobado hoy se establece un mecanismo voluntario de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales. Como anteriormente se ha mencionado, es obligatorio el procedimiento para las entidades de crédito, estas tienen que preparar las medidas necesarias, en un plazo máximo de un mes, para dar cumplimiento al mismo y garantizar que el sistema sea conocido por todos los consumidores con cláusulas suelo en sus contratos.

Una vez recibida la reclamación, la entidad deberá informar al consumidor sobre la cantidad que se tiene que devolver, incluyendo los intereses o, alternativamente, las razones por las que considera que la reclamación no es procedente. El consumidor manifestara si está de acuerdo con el cálculo y, si lo está, la entidad realizará la devolución del efectivo.

Como una solución alternativa, la entidad y el consumidor pueden acordar unas medidas compensatorias distintas de la devolución en efectivo, donde la aceptación por parte del cliente será manuscrita.

El consumidor puede decantarse por la vía judicial directamente, pero las partes no podrán ejercitar entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial alternativa en relación con la misma reclamación, si hay iniciado un procedimiento extrajudicial y está pendiente de resolverse.

También, de común acuerdo, las partes pueden solicitar la suspensión de las demandas judiciales que ya están en curso a la entrada en vigor de esta norma para someterse al trámite extrajudicial.

En relación a las costas judiciales:

- La entidad no será condenada en costas, si el consumidor acude a la vía judicial directamente sin usar la reclamación previa y siempre y cuando la entidad de crédito se allana totalmente antes del trámite de contestación a la demanda;

- La entidad será condenada en costas, si el consumidor demanda a la entidad tras no llegar a un acuerdo en la reclamación extrajudicial y la sentencia que obtiene es económicamente más favorable para él;

Si el procedimiento de reclamación es extrajudicial tendrá carácter gratuito, con una reducción sustancial de los aranceles notariales y registrales.

Se reforma la Ley del IRPF para el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas y para que se garantice la neutralidad fiscal para el consumidor, en base de devolución de cantidades indebidamente cobradas por cláusulas suelo, ya sea en aplicación del acuerdo prejudicial, derivada de cualquier acuerdo con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales.

En el ámbito de aplicación de este real decreto-ley, el  Gobierno tiene competencia para regular el establecimiento de un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas.  Este órgano vigilará porque las entidades cumplan sus obligaciones de información, sobre todo con respecto a personas vulnerables y tendrá  presentes consumidores y abogados  que emitirán un informe semestral.

Fuente: http://www.elderecho.com/